La ADR (Alternative Dispute Resolution) en un proceso civil se refiere a los métodos alternativos de resolución de conflictos que las partes pueden utilizar para resolver sus disputas sin necesidad de un juicio. Estos métodos, como la mediación, la conciliación y el arbitraje, ofrecen una alternativa a la vía judicial tradicional, permitiendo una resolución más rápida, económica y flexible de los conflictos. 

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Se deben investigar las responsabilidades políticas tras lo acontecido en Valencia en octubre del 2024. Tanto el gobierno autonómico como el nacional deben rendir cuentas de todo lo que ocurrido y el porqué no se ofreció a la población una rápida actuación para paliar o prevenir lo ocurrido.

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El valor de referencia del impuesto de transmisiones patrimoniales (ITP) es crucial porque sirve como base imponible para calcular el coste del impuesto que se debe pagar en las transacciones de bienes inmuebles. En caso de discrepancias, los contribuyentes pueden presentar una tasación pericial contradictoria para impugnar el valor de referencia. Esta tasación pericial la realizamos desde este despacho con el fin de bajar ese valor. Este valor de referencia es determinado por la Dirección General del Catastro y se basa en los precios de mercado de las propiedades. La importancia radica en que proporciona una valoración objetiva y estandarizada, evitando así subvaloraciones que podrían resultar en una menor recaudación fiscal. Además, ayuda a garantizar la equidad y transparencia en el proceso de tributación, asegurando que todos los contribuyentes paguen impuestos de acuerdo con el valor real de los bienes transmitidos. La regulación del valor de referencia en España está establecida en la Ley 11/2021, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal. Según esta ley, el valor de referencia se actualiza anualmente y se publica en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Los contribuyentes tienen la obligación de declarar las transacciones de bienes inmuebles utilizando este valor como base imponible. Esta regulación busca fortalecer el control fiscal y reducir la evasión de impuestos, asegurando que las transacciones inmobiliarias se realicen de manera justa y transparente.

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En un matrimonio bajo régimen de sociedad de gananciales (no existe separación de bienes), las donaciones que los padres, suegros u otros terceros realizan a uno de los cónyuges tienen una gran relevancia, ya que, salvo que se indique lo contrario, esas donaciones pasan a formar parte del patrimonio común. Esto implica que el beneficio económico no es exclusivamente para el cónyuge que recibe la donación, sino que se integra al conjunto de bienes compartidos por ambos. Esta situación refuerza el principio de solidaridad económica dentro del matrimonio, pero también puede generar tensiones familiares cuando los donantes esperaban que esos bienes fueran únicamente para su hijo o hija, y no para la pareja en conjunto.

Además de su impacto patrimonial, estas donaciones tienen un valor simbólico y afectivo, pues muchas veces el apoyo familiar al nuevo núcleo conyugal. Sin embargo, desde una perspectiva legal y financiera, es crucial que los donantes y los cónyuges tengan claridad sobre el régimen matrimonial y las implicaciones jurídicas de estas aportaciones. En ausencia de acuerdos o cláusulas específicas que limiten su destino, las donaciones pueden ser consideradas como bienes comunes, lo que influye directamente en el reparto patrimonial en caso de divorcio o disolución de la sociedad conyugal.

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Los pactos o contratos prematrimoniales son acuerdos que las parejas firman antes de casarse para regular aspectos económicos y personales de su futura unión. Estos acuerdos son cada vez más comunes y tienen varias ventajas importantes. Estos, son una herramienta valiosa para prevenir problemas y conflictos en el matrimonio, proporcionando seguridad y tranquilidad a ambas partes.

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