Después de analizar innumerables sentencias dictadas por las distintas Audiencias Provinciales de nuestro país, es útil plasmar en unas tablas estadísticas las pensiones fijadas por estos órganos judiciales. El método de trabajo ha sido el siguiente:
1º.- Selección de sentencias en las que en los fundamentos jurídicos de las mismas se hacía constar de modo claro y terminante los ingresos netos que percibían los cónyuges.
Lógicamente también constaba el número de hijos con derecho a alimentos.
Ante todo se ha de poner de manifiesto que la actuación judicial, la puesta en práctica del derecho fundamental a la Tutela Judicial efectiva requiere de la premisa de que los jueces han de gozar de plena independencia a la hora de enjuiciar, sin que se pueda someter su criterio a un prejuicio y predeterminación que limite e incluso impida que se pueda valorar un hecho con la objetividad e imparcialidad exigibles. No se pueden ni deben tolerar preconvicciones, que vengan a destruir la capacidad de practicar un sano juicio en el que no se tenga en cuenta la verdad que se desprenda del resultado de la prueba, una prueba que en el caso de las periciales técnicas también han de huir de planteamientos apriorísticos, puesto que es la misma la que también ha de conllevar a que se alcance un diagnóstico, una convicción tras libre y ponderado análisis, con la que hacer realidad el principio de Justicia material.
La Audiencia Provincial de La Coruña, en su sentencia 238/2020 de 22 de junio, absuelve al padre de prestar alimentos a su hijo mayor de edad con el que no ha existido relación ni comunicación. Este hecho, a priori, no es novedoso pues desde hace años existen sentencias de Audiencias Provinciales que extinguen la pensión de alimentos sobre la base de la falta de relación paternofilial. Más detalladamente, dichas sentencias se limitaban a constatar el desapego paternofilial continuado entre un padre y sus hijos, abstrayéndose acerca de quién era responsable de la ruptura de la relación afectiva.
Mas este error común de creer que toda ausencia continuada de relación de los hijos mayores de edad con el progenitor alimentante puede ser causa de extinción o cese de la obligación de dar alimentos ha sido superado por la STS 104/2019 de 19 de febrero.
La STS 216/2020 de 1 de junio, junto con otros pronunciamientos del Tribunal Supremo (STS 657/2019 de 11 de diciembre, STS 78/2020 de 4 de febrero), conforma una interesante doctrina clarificadora de aquellos conflictos generados por la confusión de dinero privativo por parte de un cónyuge en una cuenta bancaria de titularidad común sin que medie reserva sobre su carácter privativo o de su posible derecho de reembolso.
La doctrina, lejos de presumir que nos encontramos ante una aportación voluntaria a la sociedad de gananciales, considera que el mero hecho de ingresar dinero privativo no permite atribuirle carácter ganancial y, en consecuencia, si se emplea para hacer frente a necesidades y cargas de la familia o para la adquisición de bienes a los que los cónyuges, de común acuerdo, atribuyen carácter ganancial, surge un derecho de reembolso a favor de su titular.
La reciente STS 648/2020 de 30 de noviembre sigue la línea de lo evidente, los menores deben ser oídos cuando se discute un cambio en el régimen de su custodia.
Para mayor concreción, el Tribunal Supremo, al objeto de dilucidar si debe o no implantarse un régimen de custodia compartida, cita la sentencia 413/2014, de 20 de octubre, la cual declara que "cuando la edad y madurez del menor hagan presumir que tiene suficiente juicio y, en todo caso, los mayores de 12 años, habrán de ser oídos en los procedimientos judiciales en los que se resuelva sobre su guarda y custodia, sin que la parte pueda renunciar a la proposición de dicha prueba, debiendo acordarla, en su caso, el juez de oficio”. Y en este mismo sentido también cita la sentencia del Tribunal Constitucional de 6 de junio de 2005.
Consecuentemente, "para que el juez o tribunal pueda decidir no practicar la audición, en aras al interés del menor, será preciso que lo resuelva de forma motivada".
La reciente sentencia del Tribunal Supremo (STS 488/2020 de 23 de septiembre) reafirma la ya existente doctrina del Excmo. Tribunal creada a raíz de la interesante STS 641/2018 de 20 de noviembre.
Desde aquélla, se tiene por evidente que la convivencia con una nueva pareja por parte de la persona que ostente el uso de la vivienda familiar supone la extinción de tal derecho toda vez que dicha convivencia quebranta el carácter que comporta la esencia del derecho de uso de la vivienda familiar. Citando palabras del Tribunal “el carácter de vivienda familiar desaparece, no porque la pareja que ostenta el derecho al uso de la vivienda familiar y los hijos hayan dejado de vivir en ella, sino por la entrada de un tercero, dejando de servir a los fines del matrimonio. La introducción de una tercera persona hace perder a la vivienda su antigua naturaleza por servir en su uso a una familia distinta y diferente”.
Así las cosas, lo verdaderamente relevante es que esa nueva convivencia destruye las bases que sostienen el derecho de uso de vivienda familiar, independientemente de que el nuevo conviviente esté vinculado a su pareja por una unión matrimonial o por una unión de hecho.