Analizamos un alarmante caso legal en el que un matrimonio nicaragüense perdió la custodia de sus hijos durante veinte meses tras aplicar castigos físicos leves. No existe falta de proporcionalidad en el sistema judicial español, argumentando que las leyes actuales no consideran las diferencias culturales ni el bienestar emocional de los menores involucrados. Aunque se rechaza el uso de la violencia, se resalta la hipocresía institucional de proteger a los niños separándolos forzosamente de su hogar y de sus padres. Las sanciones legales deberían castigar a los adultos sin victimizar a los hijos, quienes terminan sufriendo el mayor perjuicio por el internamiento. La aplicación rígida de la ley puede desarticular familias de manera injusta ante incidentes que podrían resolverse con medidas alternativas.
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